¿Qué son los bienes públicos?
Son recursos que se consideran propiedad de todos los ciudadanos. Se diferencian de los bienes privados porque no pueden ser propiedad de un individuo o de un grupo de individuos. En ese sentido, los bienes públicos no pueden usarlos de manera restringida solo algunos: su uso es social y colectivo. Todos los ciudadanos tienen derecho a aprovechar estos bienes. Pero ¿qué quiere decir que son de todos? Los bienes públicos pueden ser tangibles, como las calles, los parques y las carreteras; o intangibles, como la seguridad ciudadana, la salud pública y el patrimonio cultural
inmaterial, entre otros.
Aunque son parte de una propiedad común, los administran el Estado y sus diferentes instancias de gobierno (ministerios, Gobiernos regionales y municipios). Estos se encargan de mejorarlos, mantenerlos y cuidarlos. En algunas ocasiones, el Estado puede darlos en concesión; es decir, ceder la administración de estos bienes a empresas privadas para su mejor funcionamiento o para lograr proyectos de gran envergadura.
Por ejemplo, algunas carreteras del país se encuentran concesionadas a empresas,
las cuales son responsables de darles mantenimiento y de realizar la señalización;
a cambio, el Estado autoriza a estas empresas a cobrar una tarifa. En estos casos, el Estado regula esta administración, pero el bien no pierde su naturaleza pública.
Las decisiones sobre lo que se considera un bien público las toma el Estado y, según las necesidades colectivas, pueden variar en el tiempo. Por ejemplo, la educación básica es un bien público. Hasta hace unos años, solo la educación primaria era un derecho; posteriormente,se amplió a la secundaria y se añadió el concepto de calidad. El derecho a la educación de calidad es igual para todos los ciudadanos; y estos, según sus deseos y posibilidades, pueden acceder tanto a instituciones públicas como privadas.
Bienes públicos y convivencia
Los bienes públicos son bienes compartidos. Todos tenemos derecho a acceder a ellos; por esa razón, no solo debemos cuidar que nosotros podamos
aprovecharlos, sino, también, que estén disponibles para el resto de personas. Por ello, es necesario conocer las reglas para favorecer el adecuado cuidado y su aprovechamiento por parte de todos.
Por ejemplo, los bienes de la escuela (carpetas, canchas, puertas, etc.) requieren de un buen uso y mantenimiento para que todos podamos disfrutar de ellos. En la calle, si los autos ocupasen el espacio de los peatones, entonces no
podríamos caminar por la vía pública. Si alguien tira basura en la calle, está ensuciando un bien que es tuyo también. Deberíamos reclamarle. El objetivo final de la reglamentación que genera el Estado sobre los bienes públicos debe ser asegurar el derecho de todos a gozar de sus beneficios, promoviendo un uso libre y una relación respetuosa entre los ciudadanos y sus diversas maneras de vivir. Así, el uso de estos bienes es una oportunidad para que los ciudadanos aprendan a vivir democráticamente en comunidad.
La ciudadanía implica vivir con otros; es decir, debemos aprender a organizarnos como colectivo y desarrollar reglas de convivencia, pues estas no solo deben ser definidas por las autoridades. Los ciudadanos deben aprender a darle un lugar al otro y a generar acuerdos que permitan una mejor interacción. A esta convivencia democrática contribuye el desarrollar lazos de solidaridad que ayuden a superar inequidades y dificultades que podrían afectar el goce de los derechos por parte de algunos ciudadanos.
La institucionalidad resguarda los bienes públicos
El experto Douglass C. Northdefine la institucionalidad como las reglas de juego del funcionamiento de una sociedad; es decir, entiende que las restricciones que el ser humano concibe configuran las relaciones entre las personas. Para
North, existen dos clases de institucionalidad: una relacionada con las leyes; y otra, con los comportamientos, las costumbres, las culturas y la ética. Es importante saber cómo funcionan las instituciones públicas y cómo podemos vigilar las decisiones que toman los funcionarios y servidores que laboran en ellas respecto de los bienes públicos. Todos los días, estos funcionarios y servidores toman decisiones que nos afectan, así como a nuestra posibilidad de ejercer nuestros derechos ciudadanos y humanos. Por esto, todos los ciudadanos deberíamos organizarnos para vigilar lo que las autoridades y demás funcionarios hacen con los bienes públicos que administran. Sin embargo, la participación ciudadana no solo consiste en vigilar y denunciar, sino también en contribuir con iniciativas propias a la construcción del bien común. Por ejemplo, asistiendo a reuniones públicas, como los presupuestos participativos, donde se tiene la oportunidad de proponer proyectos o ideas para favorecer el uso eficiente de los bienes públicos y así contribuir a la convivencia democrática en nuestra localidad y en nuestro país.
Los ciudadanos tenemos derecho a generar nuestras propias iniciativas para contribuir a la convivencia en nuestra sociedad, así como a trabajar de forma colaborativa con las instituciones públicas en dicha dirección. Así pues, la participación ciudadana es una oportunidad que tenemos para contribuir a definir los cambios que irán dándose en nuestra sociedad.